Nuestra Institución presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal, con el objetivo de proteger los derechos de los profesionales que se desempeñan como peritos y auxiliares de la justicia.
La demanda, radicada el pasado 30 de abril en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 2 (Expte. CAF 19356/2026), cuestiona la constitucionalidad de la Ley 27.802, que afecta gravemente la retribución de nuestra matrícula.
El eje del reclamo se centra en la inconstitucionalidad del artículo 56, que pretende imponer el pago en cuotas de los honorarios, y de los artículos 95 al 97, que reducen de forma desproporcionada los mínimos legales arancelarios de 6 a solo 2 UMA.
Desde nuestra Institución consideramos que estas modificaciones vulneran principios básicos de legalidad, igualdad ante la ley y, fundamentalmente, el principio de "no regresividad", atentando contra el derecho a una retribución justa por el trabajo realizado.
Dada la naturaleza alimentaria de los honorarios profesionales, el Consejo solicitó una medida cautelar urgente y una tutela precautelar colectiva. El fin es suspender de inmediato la aplicación de los artículos impugnados hasta que se dicte una sentencia definitiva, evitando así un perjuicio irreparable sobre el patrimonio y la dignidad laboral de los colegas que actúan en los fueros Nacional y Federal.
Esta acción reafirma nuestro compromiso en la defensa irrestricta de los derechos de los matriculados en todo ámbito de actuación.
Interpusimos un amparo colectivo en defensa de los honorarios de peritos y auxiliares de la Justicia
2026Nueva edición de la Feria de Empleo: oportunidades y herramientas para el desarrollo profesional
2026Régimen Simplificado IIGG: pedimos adecuaciones sistémicas y postergar los vencimientos
2026Reiteramos pedido de prórroga para la presentación del informe de autoevaluación de riesgos ante UIF